En efecto, no hay razones realmente válidas para legitimar en ningún caso la eliminación directa de la vida humana aún no nacida. Ni siquiera las situaciones más graves constituyen una causa proporcionada para justificar la eliminación de una vida humana inocente. Nadie puede atreverse a decidir sobre la vida del no nacido para evitarle el venir a un mundo difícil, o para que no suponga una "carga" en la familia o un "problema" en el desarrollo de la vida de la madre. Nunca será legítimo matar a un ser humano inocente e indefenso para poner a salvo la propia salud o incluso la vida. La mujer que sufre esas situaciones no ha de ser inducida por la ley a creer que puede hacerlo, dándole a entender que abortar es un hecho socialmente aceptable o incluso un derecho. Mucho menos puede la ley abonar el campo para que terceras personas con poco sentido de humanidad se lucren con una industria del aborto que se aprovecha incluso de situaciones personales dramáticas. Por el contrario, en caso de "conflicto" último, la ley ha de proteger, de un modo proporcionado, lo más importante que está en juego: el derecho a la vida de la persona inocente, que ha de prevalecer sobre otros derechos o bienes de menor rango.
Fuente: Síntesis del Congreso Internacional de Bioética. “La Ciencia al servicio de la persona” Arquidiócesis de Trujillo. 2002.
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