El Estado no tiene autoridad ninguna para decidir que sea permisible suprimir la vida de un ser humano inocente. El derecho a la vida no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo y éste tiene siempre la obligación de tutelarlo. Tampoco tiene el Estado autoridad para establecer un plazo, dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen. La vida del ser humano está, desde su concepción, en un proceso continuo de evolución en la que pasa por etapas muy diferenciadas, pero todas ellas humanas: humano es, por ejemplo, el feto de un mes y, si se le deja evolucionar y nacer, será un niño y, luego, un adulto y un anciano. ¿Qué base racional y ética puede haber para excluir que el atentado contra la vida sea punible en alguna de esas etapas? Es evidente que ninguna. Hacerlo así es, en realidad, negar la igualdad de los seres humanos en un derecho tan básico como es el derecho a vivir. Las disposiciones del Estado en este sentido podrán ser, pues, "legales", pero serán siempre radicalmente inmorales y nunca tendrán, por tanto, el carácter de verdaderas leyes.
Fuente: Síntesis de las separatas del curso de "Moral Cristiana". Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo. 2005.
No hay comentarios:
Publicar un comentario